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Nota: El 25 de enero, Kristi Noem fue confirmada por el Senado como secretaria de seguridad nacional de Trump.
En 2018, una mujer indígena identificada como C.M. y su hijo de 5 años cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México cerca de San Luis, Arizona, en busca de asilo. C.M., una maya mam nativa de Guatemala, les dijo a los agentes fronterizos que huía de la violencia que amenazaba su vida. Pero en lugar de asilo, el gobierno de los Estados Unidos, bajo políticas secretas promulgadas por la administración de Trump, separó a la fuerza a madre e hijo. C.M. fue enviada a centros de detención en Arizona y luego en Nevada, mientras que su hijo, quien solo hablaba mam, fue llevado a un centro en Nueva York. Después de 76 días y amenazas de deportación, se reunieron. Traumatizados por la experiencia, C.M. y otros cuatro padres afectados por la política demandaron en 2019 y en julio pasado llegaron a un acuerdo con la administración de Biden.
La política de separación de familias fue suspendida el verano de 2018, pero los inmigrantes indígenas, los solicitantes de asilo y sus defensores se están preparando para políticas similares durante la segunda administración de Donald Trump. Trump ha prometido poner fin a la ciudadanía por nacimiento, restringir las protecciones para los refugiados y solicitantes de asilo y llevar a cabo deportaciones masivas. Los pueblos indígenas de América Central y Sudamérica a menudo se ven obligados a abandonar sus hogares debido a la persecución y el conflicto por sus tierras por parte de gobiernos y empresas. Sin embargo, cuando buscan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, se ven atrapados en los dientes del sistema de inmigración de Estados Unidos el cual no reconoce sus diversas identidades, necesidades lingüísticas o derechos únicos. “Las formas en que la administración Trump realmente impactó a los pueblos indígenas no han sido documentadas ni cuantificadas adecuadamente, pero creemos que fue una violación de los derechos humanos a gran escala”, dijo Juanita Cabrera López, quien es maya mam y directora ejecutiva de la Liga Maya Internacional, una organización sin fines de lucro dirigida por indígenas con sede en Washington, D.C.
El lunes, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, nominada por Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, aprobó fácilmente su audiencia en el Senado en una votación bipartidista. Noem, quien tiene un historial de retórica profundamente antiinmigrante, fue restringida a entrar a las nueve reservas en Dakota del Sur después de que afirmara sin ninguna evidencia que las naciones tribales estaban trabajando con cárteles de la droga. Las tribus lo niegan vehementemente. Esta relación antagónica con las naciones tribales podría ser un presagio de lo que está por venir con su supervisión de la Seguridad Nacional, donde Noem tendrá amplia autoridad para renunciar a las leyes federales destinadas a proteger los sitios tribales, y donde la falta de políticas, interpretación y comprensión adecuadas de los derechos indígenas internacionales ya ha causado daño e incluso la muerte a inmigrantes y sus familiares indígenas.
“TENEMOS QUE ENTENDER que esto se trata de poder”, dijo Kaxh Mura’l, quien es maya ixil, en una entrevista en español con High Country News. Mura’l llegó a los EE. UU. huyendo de la persecución en Guatemala, donde activamente intentó proteger a su comunidad de una compañía minera internacional que buscaba barita, un mineral utilizado para la extracción de petróleo y gas. Las empresas transnacionales e hidroeléctricas y el gobierno guatemalteco han cometido abusos contra los derechos humanos de las comunidades indígenas de la zona para apoderarse de más tierras y recursos. “El sistema de justicia (de Guatemala) está persiguiendo a los líderes comunitarios, está persiguiendo a los que están defendiendo sus territorios”, dijo Mura’l.
En 2019, Mura’l se embarcó en el arduo viaje desde sus tierras ancestrales y solicitó asilo en un cruce que conecta a Juárez, México, con El Paso, Texas. Sin embargo, bajo la política de “Permanecer en México” de la administración de Trump, se vio obligado a esperar dos años allí en condiciones inseguras mientras se revisaba su petición, pasando gran parte de la pandemia de COVID-19 dentro de centros de detención abarrotados.
Las razones de Mura’l para migrar nos hacen recuerdo a las de muchos otros pueblos indígenas de América Central y de Sudamérica que se derivan de una larga historia de intervención política por parte de los Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos ayudó a derrocar al presidente democráticamente electo de Guatemala en 1954, y respaldó a los líderes militares que cometieron genocidio contra los indígenas mayas. “La razón por la que muchos de nosotros vivimos en Estados Unidos es por el genocidio que vivimos en Guatemala. Y Estados Unidos contribuyó a ese genocidio económicamente, logísticamente, y eso es lo que llevó a nuestra expulsión forzada”, dijo Emil’ Keme, quien es maya k’iche’ y profesor de inglés y estudios indígenas en la Universidad de Emory. Los pueblos indígenas de ambos lados de la frontera pueden identificarse con la experiencia del desplazamiento y la lucha por la preservación de sus lenguas y la continuidad cultural: “Estamos luchando por nuestro derecho a existir, tanto en el norte como en el sur”.
Historias como la de C.M. y Mura’l reflejan un problema difícil de rastrear debido a la falta de datos federales. Estados Unidos rastrea el uso del idioma en su sistema judicial de inmigración, pero no mantiene datos sobre quién se identifica como indígena. Es probable que el número de hablantes de lenguas indígenas sea un recuento insuficiente porque las autoridades asumen que los inmigrantes centroamericanos usan el español como su primer idioma. (Algunos pueden hablar español, pero como segunda o tercera lengua). Los datos de un estudio publicado en 2020 mostraron que durante un período de cinco años, el 20% de los inmigrantes adultos en el refugio Casas Alitas en Tucson, Arizona, eran hablantes de lenguas indígenas, principalmente de Guatemala y México. De 2017 a 2019, el refugio documentó 29 lenguas indígenas únicas.
Organizaciones como la Liga Maya Internacional y el Congreso Nacional de Indios Estadounidenses dicen que la falta de servicios adecuados en lenguas indígenas en la frontera viola múltiples leyes y normas internacionales. Han instado al Departamento de Seguridad Nacional a crear un comité asesor de lenguas indígenas y a consultar con los pueblos indígenas, incluyendo a las naciones tribales de las tierras fronterizas, sobre cuestiones fronterizas. NCAI criticó la política de separación familiar en 2018, afirmando que “Estados Unidos tiene un historial de encarcelamiento intencional e injusto de familias indígenas y separación forzada de niños indígenas”, y que la política “representa la historia que se repite”.
LOS ESFUERZOS PARA ampliar el acceso al idioma o a la consulta indígena en la frontera no ganaron impulso bajo el presidente Joe Biden y es poco probable que lo hagan bajo Noem, quien tiene un historial de no consultar a las naciones tribales de Dakota del Sur sobre las políticas que les afectan. Durante la pandemia, Noem amenazó con demandar a las tribus que cerraran las fronteras de sus reservas para proteger a sus comunidades, algo que es su derecho como naciones soberanas. En los últimos dos años, Noem ha acusado repetidamente a tribus y a miembros tribales de traficar con drogas y de participar con “cárteles mexicanos” sin proporcionar ninguna prueba.
Cuando el presidente oglala sioux, Frank Star Comes Out, prohibió que Noem entrara a la reserva de Pine Ridge el año pasado, también rechazó la idea de que los pueblos indígenas que emigran a Estados Unidos sean criminales. Los Oglala Sioux, dijo, “creen que muchas de las personas que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos en busca de trabajo y una vida mejor son indígenas de lugares como El Salvador, Guatemala y México y no merecen ser deshumanizados y maltratados”.
Si Noem es confirmada, es probable que su mandato afecte a las comunidades tribales que están divididas por la frontera entre Estados Unidos y México, dijo Danielle Oxendine Molliver (Lumbee), abogada comunitaria del Centro de Derechos Legales, quien agregó que teme que Noem pueda ser “vengativa”. Hay docenas de naciones tribales que han sido divididas por el muro y las políticas de los Estados Unidos, y muchas mantienen comunidades relacionadas al otro lado de la frontera. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tiene la capacidad de renunciar a las leyes federales destinadas a la protección de sitios culturales, sagrados y de entierro de las tribus, que fue exactamente lo que se hizo para acelerar la construcción del muro fronterizo durante el mandato anterior de Trump. Docenas de leyes federales fueron derogadas en los estados fronterizos, incluida la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de Nativos Americanos y la Ley de Libertad Religiosa de Indios Americanos. La administración Biden hizo lo mismo en 2023 en Texas.
Lorena E. Brady, gerente de políticas y programas de la Liga Maya Internacional, dijo que Noem también dificultará el asilo para los inmigrantes y buscará las deportaciones de familias enteras. “Ella es simplemente una racista absoluta”, dijo Brady. “Nos solidarizamos con nuestros parientes nativos del norte quienes la han desterrado de sus tierras y de sus naciones”.
Pero estos problemas van más allá de una sola administración, dijo Cabrera López de la Liga Maya Internacional. Muchos de ellos son estructurales y globales. Cualquier cambio duradero requerirá una solidaridad sostenida. “Independientemente de dónde estemos, tenemos derechos inherentes como pueblos indígenas”, dijo Cabrera López. “Ya sea que estemos en Estados Unidos, ya sea que estemos en Guatemala (o) estemos cruzando fronteras, tenemos el derecho de existir como personas indígenas, y todos los derechos que se derivan de eso”.
La becaria editorial de HCN, Natalia Mesa, y CARU Language Services contribuyeron con la traducción, interpretación y verificación de datos al español para este artículo.
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